Grave polémica por los términos discriminatorios en la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), bajo la gestión del Ministerio de Salud del gobierno de Javier Milei, desató una fuerte controversia con la publicación de la Resolución 187/2025.
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), bajo la gestión del Ministerio de Salud del gobierno de Javier Milei, desató una fuerte controversia con la publicación de la Resolución 187/2025. En el anexo de este documento, se incluyeron términos obsoletos y ofensivos como "imbécil", "idiota" y "débil mental" para categorizar distintos grados de discapacidad intelectual. Esta decisión generó un fuerte repudio por parte de entidades que defienden los derechos de las personas con discapacidad.
Un anexo discriminatorio y fuera de época
La resolución publicada en el Boletín Oficial establece criterios médicos que clasifican la invalidez laboral, pero su lenguaje retrotrae a terminología de siglos pasados. Dentro del apartado "Retardos mentales", se definen distintas categorías, incluyendo:
- "Idiota": persona que "no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas y no puede subsistir solo".
- "Imbécil": quien "no lee ni escribe, pero atiende sus necesidades elementales y puede realizar tareas rudimentarias".
- "Débil mental profundo, moderado y leve", con criterios que refuerzan un enfoque desfasado sobre la discapacidad.
Rechazo de organizaciones y especialistas en discapacidad
Distintas entidades, como la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis), condenaron la utilización de estos términos por considerarlos discriminatorios y violatorios de la Constitución Nacional y tratados internacionales.
Mariel Chapero, presidenta de Apridis, se manifestó con firmeza: "Estas categorías provienen de la psiquiatría del siglo XIX y están absolutamente superadas. Ni siquiera figuran en los manuales de enfermedades actuales". Además, advirtió que el problema no es sólo simbólico, sino que forma parte de una política de ajuste que impacta negativamente en las personas con discapacidad.
Recortes en pensiones y prestaciones: una amenaza real
Más allá de la polémica terminológica, el ajuste económico sobre el sector genera una preocupación mayor. Según Apridis, se está llevando a cabo una auditoría masiva con el objetivo de reducir pensiones y prestaciones. En el presupuesto 2025 se identificó una disminución de recursos destinados a las pensiones no contributivas, lo que podría dejar sin cobertura a unas 160.000 personas.
Chapero detalló que esta auditoría busca restringir el acceso a las pensiones a quienes no califiquen como "retraso mental profundo". Esto afectaría gravemente a niños y adolescentes con discapacidad, privándolos de una asignación esencial para costear sus tratamientos y necesidades.
Pensiones y cobertura médica en peligro
Actualmente, las personas con discapacidad que reciben una pensión no contributiva perciben 190.000 pesos mensuales, una cifra insuficiente para cubrir gastos básicos y tratamientos especializados. Además, contar con la pensión les garantiza la afiliación inmediata al Programa Federal Incluir Salud, que ofrece cobertura médico-asistencial esencial para su bienestar.
Sin la pensión, miles de personas perderían el acceso a este programa, lo que limitaría severamente su calidad de vida y oportunidades de inclusión en la sociedad. "Al perder la pensión, también pierden la cobertura médica que garantiza atención, tratamientos y dispositivos de apoyo", alertó Chapero.
